Prentsa Aretoa

2017/04/07

Ahedo pide al Estado que comparta atribuciones para actuar contra extracciones ilegales de bienes culturales

La senadora ha recordado que las Comunidades Autónomas también tienen competencias en la defensa del patrimonio cultural, al igual que la Administración del Estado.

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Ahedo pide al Estado que comparta atribuciones para actuar contra extracciones ilegales de bienes culturales

ARGAZKIA JAITSI

Nerea Ahedo ha reclamado que la Administración del Estado comparta con las Comunidades Autónomas atribuciones para actuar contra quienes extraigan ilegalmente del país bienes culturales. En el debate del Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal de Estados miembro de la Unión Europea, la portavoz jeltzale en el área de Cultura ha presentado cinco enmiendas, que no han sido tenidas en cuenta, requiriendo que se habilite también a las comunidades autónomas competentes la condición de autoridad central, atribuyendo así a todos los actores con competencia legitimación para actuar en el sistema de información y ante los tribunales competentes, y ello por tratarse de funciones puramente ejecutivas.

Ahedo pretendía que se incluyera la posibilidad de que las comunidades autónomas que así lo deseen pudieran tener acceso directo al sistema de información del mercado interior. “Tanto la Administración del Estado como las comunidades autónomas tienen competencias en la defensa del patrimonio cultural, competencias, en ocasiones, concurrentes; y el Estado, cuando traspone esta directiva o cualquier otra, tiene la obligación de preservar el orden competencial interno”, ha solicitado.

La senadora jeltzale ha recordado que la acción legislativa del Estado tiene que ser acorde con el reparto competencial derivado del bloque de constitucionalidad en la materia, reconociendo el ejercicio de las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas. “Además, en este caso concreto, en la normativa comunitaria no existe ninguna objeción jurídica para que las comunidades autónomas ejerzan competencias ejecutivas de defensa del patrimonio cultural, y no hay ninguna objeción para que puedan ostentar la condición de autoridad central”.

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