EAJ-PNV ha apoyado la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Código Penal para erradicar la esterilización forzada de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Tal y como ha evidenciado Rosa Peral, estas personas son titulares de derechos en igualdad de condiciones que las demás, aunque afronten diariamente más barreras de participación en la comunidad y son especialmente vulnerables ante situaciones de discriminación y abuso. “La esterilización forzosa, tal y como se recoge actualmente en el Código Penal, constituye una violación de los derechos humanos. La invasión del cuerpo de las personas con discapacidad sin su consentimiento conculca, entre otros, sus derechos sexuales y reproductivos. Se ejerce fundamentalmente sobre mujeres y niñas con discapacidad, que sufren por eso una doble discriminación”, ha lamentado. Finalmente, Peral ha recordado que la esterilización forzosa es reconocida por la ONU como una forma de violencia contra las mujeres y niñas, tanto por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer o el Comité de los derechos del niño. “Y España no cumple las leyes internacionales al permitir que esto ocurra”, ha denunciado.