José María Cazalis ha urgido al Defensor del Pueblo a que elabore informes que analicen la utilización política que se viene haciendo de la justicia en el Estado español. El senador jeltzale ha aplaudido la labor de Francisco Fernández Marugán  al frente de la entidad, y le ha animado a tener un papel más proactivo en sus funciones y a priorizar las actuaciones de oficio.

En el análisis del informe correspondiente a la gestión realizada el pasado año, Cazalis ha evidenciado que la misma necesidad y cuestionamiento que Fernández Marugán ha argumentado para justificar la realización del  informe sobre el impacto de la crisis y la desigualdad social existe también para analizar “la utilización de la justicia para hacer política; sobre esa sensación de justicia a la carta que vemos cada día, en línea con la opinión que han mostrado reputados expertos y prestigiosos juristas”.

Así, el senador de EAJ-PNV ha citado la situación del ‘caso Altsasu’, donde “se juzga a unas personas fuera de su ámbito natural, por un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, se les aplica aquello del ‘todo es ETA’, y a pesar de que el propio Tribunal desestima las acusaciones de terrorismo, se les aplican condenas similares a las correspondientes por actos terroristas, y además tenemos que ver cómo la fiscalía recurre esa decisión con un empecinamiento inexplicable desde cualquier lógica jurídica. Y todo, para unos ciudadanos que llevan casi dos años de prisión preventiva”, ha lamentado, en contraposición al tratamiento más laxo que se da a acciones similares contra el mismo Cuerpo policial en otros ámbitos del Estado. “Parafraseando a la Presidenta navarra, Uxue Barkos, en lugar del Códido Penal, parece que se aplica el Código postal”.

También ha urgido a buscar soluciones a la “inaceptable” política penitenciaria que se aplica excepcionalmente a presos de ETA. “Es una situación que solo obedece a un afán de venganza hacia los presos y que es una condena añadida a sus familias. ETA ya se ha disuelto y, si la causa que originó esta excepcionalidad ha desaparecido, ¿cuál es la razón para mantener esta política de alejamiento y dispersión?”, se ha preguntado. En la misma línea, se ha referido a los políticos catalanes presos por cuestiones políticas, con una aplicación de la ley que “no parece que sea la más respetuosa con los derechos civiles y políticos de los encausados”.

Cazalis también ha recurrido al cuestionamiento y las críticas que han expresado organismos como la ONU o tribunales y expertos europeos para requerir la elaboración de otro informe sobre la memoria histórica en España. “Un tema sobre el que los sucesivos Gobiernos del Estado han ido mirando a otro lado. Y solo se ha avanzado gracias al empeño de administraciones autonómicas, locales y, sobre todo, de las propias víctimas”.