En el debate de hoy en el Senado, donde la formación jeltzale ha apoyado el techo de gasto propuesto por el Gobierno central para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, María Dolores Etxano ha trasladado el voto de confianza de EAJ-PNV a María Jesús Montero para que en la cita con el Gobierno Vasco siente las bases para un acuerdo satisfactorio. “Valoramos que, en un clima de bilateralidad y respeto institucional,  podremos tener la oportunidad de acercar posturas para conseguir una aplicación de la normativa de estabilidad de forma más flexible y que se ajuste a nuestra propia realidad social y económica”, ha argumentado.

Así, a pesar de valorar la mayor flexibilidad y coherencia de la senda de déficit público presentada por el Ejecutivo para este y los tres próximos ejercicios, Etxano ha criticado que estos siguen siendo simétricos. “No tienen en cuenta la posición fiscal de cada Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, lo que provocará que algunas administraciones los podrán cumplir holgadamente mientras que otras difícilmente lo conseguirán”. Además, ha añadido que su distribución entre subsectores es arbitraria y no responde a criterio económico alguno.

De la misma manera, ha evidenciado que ofrecer solo una décima más de margen en la aprobación del destino de su superávit sigue limitando la autonomía y la capacidad de decisión tanto a las Comunidades Autónomas como a los Ayuntamientos. Así, a la vista de que la modificación de la  Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 12 se realizará en el mejor de los casos a lo largo del año, Etxano ha reclamado que la flexibilización vaya más allá. “Se debe abordar desde la  bilateralidad y respeto mutuo, en la próxima Comisión mixta” donde se pueda adoptar para Euskadi acuerdos de flexibilización para inversiones del superávit diferenciados. “No es un camino inexplorado, de hecho fue posible en 2007 y  2012”, ha recordado.

El Grupo vasco viene reivindicando reiteradamente la flexibilización de la regla de gasto de manera que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que cumplen los objetivos no vean disminuida ni su autonomía ni su capacidad de decisión y puedan disponer de todo su ahorro para destinarlo a aquellas políticas que entiendan pueden mejorar la vida de las personas, servicios públicos, inversiones estratégicas o actuaciones que generen empleo, y en especial a aquellas orientadas a la lucha contra el cambio climático para reforzar el pacto verde europeo.