Prentsa Aretoa

2021/05/12

Estefanía Beltrán de Heredia urge al Gobierno central a trabajar en un marco jurídico que permita a las CCAA hacer frente a cualquier crisis epidémica o sanitaria

Reitera la validez de medidas como la restricción de la movilidad y los agrupamientos para cuya aplicación las comunidades autónomas carecen de capacidad jurídica suficiente.

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Estefanía Beltrán de Heredia urge al Gobierno central a trabajar en un marco jurídico que permita a las CCAA hacer frente a cualquier crisis epidémica o sanitaria

ARGAZKIA JAITSI

La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia ha apremiado al Gobierno central a trabajar en la elaboración de un marco jurídico para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a las crisis epidémicas o sanitarias de cualquier índole.

En la línea en la que ya se dirigiera ayer a la Ministra de Sanidad, Beltrán de Heredia ha reiterado la validez de medidas como la restricción de la movilidad y los agrupamientos para cuya aplicación las comunidades autónomas carecen de capacidad jurídica  suficiente. “Las tasas de contagio y los datos de vacunación todavía no permiten bajar la guardia”, ha advertido. “El Gobierno Vasco y también el Grupo Vasco, tanto en el Congreso como en el Senado, hemos reclamado que se prorrogara unas semanas el Estado de Alarma, anteponiendo la protección de la Salud pública a cualquier otro interés".

Convencida de que “esta situación se superará cuando por fin se apruebe el nuevo Estatuto vasco, y Euskadi, sin tener que recurrir al Estado , disponga de la habilitación suficiente para adoptar este tipo de medidas”, la portavoz jeltzale ha denunciado el escenario de inseguridad jurídica y confusión generado, con resoluciones dispares de los Tribunales de Justicia de las distintas CCAA. “Una disparidad interpretativa que el Gobierno pretende subsanar  depositando en el Tribunal Supremo la responsabilidad de unificar doctrina, convirtiéndolo así en un órgano  colegislador. Son las autoridades sanitarias las que pueden y deben adoptar las medidas sanitarias y son las instituciones quienes tienen que dotar de las herramientas para implantarlas, y a los Tribunales no les toca ni legislar ni determinar las medidas, sino velar porque se apliquen bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, ha finalizado.

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