A iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, el Senado ha incluido en la Ley Orgánica de protección de datos personales para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, la posibilidad de que cada persona pueda acceder a las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que se pudieran haber elaborado sobre ella. De esta manera, se reconoce el derecho a saber si los datos personales de cada uno forman parte de algún proceso de tratamiento automatizado  así como el derecho a obtener una copia de los datos personales objeto de tratamiento.

Asimismo, también se ha admitido la enmienda jeltzale para que, en el proceso de obligada consulta, que debe realizar a la autoridad de protección de datos la persona responsable del tratamiento, cuando en la evaluación previa de impacto se haya considerado de alto riesgo, el silencio administrativo no sea considerado en sentido positivo. El plazo de respuesta está establecido en seis semanas, prorrogables con un mes adicional, y EAJ-PNV ha logrado que se admita que “la pasividad o el retraso de la autoridad en emitir un dictamen no se convierta en aval para continuar con un procedimiento cuando su evaluación de impacto previa se ha considerado de alto nivel de riesgo. Pervierte el espíritu del silencio administrativo presente en la Ley de Procedimiento administrativo común que tiene carácter de ficción legal en favor de los administrados”, pero en ningún caso puede admitirse en favor de la Administración como sería este caso por ser un procedimiento sancionatorio y por tanto, iniciado de oficio por la administración.

El Proyecto de Ley ha sido aprobado en la Cámara alta con el apoyo de la mayoría de Grupos. Gracias a que en la composición del Senado no hay mayoría de los grupos que avalan al Gobierno y pese a que algún grupo que apoyó estas enmiendas  en el Congreso ha votado en contra, el trabajo efectuado por el grupo Vasco en el Senado ha mostrado, una vez más, la importancia del mismo, y de este modo, se garantizan los derechos de las personas en el tratamiento de datos objeto de esta Ley Orgánica. El texto volverá  ahora al Congreso, “esperemos en que se mantenga esta mejora del texto más garantista”, ha confiado Otaola. La aprobación de la ley completaría la transposición de una directiva de la Unión Europea que debía estar incorporada al ordenamiento jurídico del Estado español desde mayo de 2018, lo que ha supuesto unja importante sanción económica para el Estado español.